MedioAmbiente

28 Septiembre, 2017

La Asociación de Defensa de la Marina de Llucmajor se pregunta cuánto paisaje virgen está dispuesto a sacrificar el Govern con placas solares

La entidad contraria al megaparque de Sa Caseta considera “endebles” los argumentos del Ejecutivo para autorizar la destrucción de 75 hectáreas de terreno en la zona del Cap Blanc

La Asociación de Defensa de la Marina de Llucmajor-Cap Blanc ve con mucha preocupación el empecinamiento del Govern balear en sacar adelante, a cualquier precio, el proyecto del megaparque fotovoltaico de Sa Caseta y los endebles argumentos que la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha esgrimido para declararlo de utilidad pública, ignorando sus consecuencias ambientales y paisajísticas.

Resulta particularmente inquietante que en dicha declaración, hecha pública el pasado mes de julio, el Govern dé a entender que su Plan de Transición Energética y su apuesta por las energías renovables tome como modelo el proyecto de Sa Caseta, que consiste en la instalación de 78.320 placas y la ocupación de 75 hectáreas de terreno virgen, equivalentes a 170 canchas de fútbol.

La Asociación de Defensa de la Marina de Llucmajor-Cap Blanc se pregunta cuánto paisaje rural está dispuesto a sacrificar el Govern balear en su apuesta por la energía fotovoltaica. Se trata, sin duda, de una cuestión que no sólo afecta al municipio de Llucmajor, sino al conjunto de Mallorca, y que no puede adoptarse de manera unitalteral y frente a la oposición de otras administraciones y de entidades como el GOB, Asaja, la Unió de Pagesos, Amics de la Terra o Som Energia, entre otras.

La Asociación de Defensa de la Marina de Llucmajor-Cap Blanc quiere dejar claro que no es contraria a la implantación de sistemas de energía renovable, aunque considera que ésta debe realizarse de una manera racional que no suponga el elevado impacto ambiental que conlleva asolar la Marina de Llucmajor, uno de los parajes vírgenes mejor conservados de la Isla de Mallorca.

“No basta con tener buenas intenciones. Todos los ciudadanos son conscientes de la necesidad de reducir las emisiones de CO2, pero eso no implica que se puedan plantear proyectos tan invasivos como el de Sa Caseta y comparar su impacto con el que tienen los molinos tradicionales del Pla de Sant Jordi, como ha hecho el director general de Energía y Cambio Climático, el señor Joan Groizard. ¿De verdad piensa el máximo responsable autonómico en materia energética que la destrucción territorial que acarrea un megaparque fotovoltáico puede ser asumido por la ciudadanía en el futuro como parte del paisaje?”, asegura Jaume Cuart, portavoz de la Asociación de Defensa de la Marina de Llucmajor-Cap Blanc.

Existen numerosas alternativas para instalar placas fuera del ámbito rural. Un informe sobre energías renovables del propio Govern balear, redactado en 2015 y de acceso público, revela que la ocupación del 1,5% del espacio de todos los tejados de suelo residencial se podría generar el equivalente al 50% de la electricidad que se consume en Baleares. Si hace 12 años el Govern abogaba por este modelo, ¿qué razones le llevan a defender con tanto ahínco un proyecto medioambientalmente tan cuestionable como el de Sa Caseta?.

La empresa Tesla, por poner un ejemplo, ya ha iniciado el proceso de producción de tejados solares en su planta de Nueva York, de acuerdo con la tendencia actual enfocada al autoconsumo e implementación de placas fotovoltaicas en pequeñas áreas. Esta es la realidad tecnológica y social del momento, a la que el Govern balear está dando la espalda, con el agravante de que su apuesta por invadir zonas ambientalmente sensibles se realiza sobre un territorio limitado, como es el de Mallorca.

“Tampoco es de recibo el argumento del señor Groizard sobre la reversibilidad de los proyectos, al tratarse de estructuras desmontables. Lo lógico es planificar mejor la ubicación de las placas para no tener que quitarlas si resulta que ensucian el paisaje. Que eso va a ocurrir en el caso de la Marina de Llucmajor es obvio, de modo que no tiene ningún sentido iniciar la instalación”, añade Cuart.
Los acuerdos de París contra el cambio climático instan a los gobiernos a obtener el 100% de su energía de fuentes renovables en 2050. La Asociación de Defensa de la Marina de Llucmajor-Cap Blanc cree que para alcanzar este objetivo es necesario considerar las alternativas ya existentes que no implican la destrucción del paisaje.

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